La investigación, encabezada por el fiscal penal de Rosario de Lerma, Daniel Alejandro Escalante, permitió reconstruir el funcionamiento de una banda que actuaba durante la madrugada, seleccionando establecimientos rurales alejados y aprovechando caminos alternativos para evitar controles policiales.
Según se ventiló durante la audiencia de juicio, los delincuentes ingresaban a corrales y potreros, cortaban alambrados y sustraían principalmente vacas de raza Holando Argentino, animales destinados a la producción lechera y valuados en importantes sumas de dinero. Luego trasladaban los animales hacia sectores despoblados donde eran faenados clandestinamente en el lugar.
Las víctimas fueron propietarios de las fincas San Ramón, Olmachea, Colón, La Falda y San Isidro, quienes durante meses denunciaron reiterados robos con características similares. Precisamente, la repetición de ciertos patrones fue una de las claves que permitió a los investigadores unir los hechos y avanzar sobre la organización: cortes idénticos en los alambrados, utilización de caminos de escape rurales y el traslado de los animales hacia sectores alejados de los puestos principales.
La investigación también determinó que la banda utilizaba un automóvil Toyota Etios para movilizar tanto a sus integrantes como la carne obtenida ilegalmente. Esa mercadería, según la acusación fiscal, era luego distribuida y comercializada en carnicerías de la zona norte de la ciudad de Salta, alimentando un circuito clandestino de venta de carne sin controles sanitarios ni trazabilidad.
Durante el juicio, el Ministerio Público Fiscal sostuvo que Eduardo Alberto Aguirre, conocido como “El Gordo Aguirre”, era quien lideraba la organización. De acuerdo a la acusación, coordinaba la logística, realizaba relevamientos de las zonas rurales y organizaba a quienes ejecutaban los robos y la faena clandestina.
Por estos hechos, Aguirre fue condenado a seis años de prisión efectiva. En tanto, Paola Mabel Chocobar, alias “La Payaso”, recibió una pena de tres años de prisión de ejecución condicional. También fueron condenados Elías Agustín Rivero y Rosario José Churquina, alias “Sueñito”, ambos a dos años y seis meses de prisión condicional, mientras que Raúl Rafael Aguirre, el ex policía de La Rural, recibió dos años de prisión en ejecución condicional, por incumplimiento de deberes de funcionario público y violación de secretos; además de quedar inhabilitado.
Uno de los puntos más sensibles de la causa fue la participación de este efectivo policial en actividad. La investigación atribuyó a Raúl Rafael Aguirre, integrante de la Policía Rural, el suministro de información vinculada a controles y operativos, datos que presuntamente facilitaban el movimiento de la organización y reducían los riesgos de ser descubiertos.
Además de las condenas, la Justicia dispuso una reparación económica integral de 30 millones de pesos para resarcir a los damnificados. Los finqueros afectados decidieron que el dinero que se perciba sea destinado a la Asociación Cooperadora Policial del Valle de Lerma. La decisión fue interpretada como una señal de respaldo al trabajo conjunto que desde hace tiempo vienen realizando productores rurales y sectores de la Policía Rural para combatir el delito en las zonas agrícolas y ganaderas del Valle de Lerma.
Valle de Lerma Hoy