La duda no es caprichosa. Durante años, fueron justamente esas imágenes las que permitieron a la sociedad conocer situaciones que de otro modo habrían quedado encerradas en un expediente, archivadas en una oficina o sepultadas bajo versiones contradictorias. Desde procedimientos de alcoholemia hasta episodios donde personas intentaron hacer valer influencias políticas o vínculos de poder para evitar sanciones, las filmaciones se transformaron en una herramienta de control ciudadano sobre quienes ejercen autoridad o pretenden utilizarla en beneficio propio.
La historia reciente demuestra que muchas de las verdades incómodas que trascendieron en Argentina y en Salta no surgieron de comunicados oficiales ni de conferencias de prensa. Surgieron de imágenes. Surgieron de registros que alguien decidió conservar y que permitieron contrastar relatos, evidenciar irregularidades y exponer conductas que se preferían mantener lejos de la mirada pública.
Por eso llama la atención que, en una época en la que la sociedad reclama más transparencia, más controles y más acceso a la información, una parte de la dirigencia política salteña impulse normas que parecen avanzar exactamente en sentido contrario. Más aún cuando el ordenamiento jurídico argentino ya contempla mecanismos para proteger la intimidad, la imagen y la presunción de inocencia. Si esas herramientas ya existen,¿qué problema real viene a resolver esta ley que no esté ya contemplado por la legislación vigente?
La discusión adquiere una dimensión todavía más profunda cuando se observa el contexto social. Salta enfrenta problemas urgentes vinculados al empleo, la inseguridad, la crisis económica, el deterioro de servicios esenciales y la falta de oportunidades para miles de familias. Sin embargo, parte de la energía legislativa parece concentrarse en debatir una norma destinada a restringir la difusión de imágenes obtenidas durante procedimientos públicos.
Y allí aparece otra duda ¿a quién beneficia realmente esta iniciativa? Porque difícilmente un vecino común tenga capacidad de influir sobre la difusión de un procedimiento policial. En cambio, quienes históricamente se vieron perjudicados por la circulación de estas imágenes suelen ser personas con notoriedad pública, vínculos institucionales, peso político o capacidad de presión.
La democracia no se fortalece cuando se reduce la cantidad de información disponible para la ciudadanía. Se fortalece cuando quién están en el poder acepta ser observado, cuestionado y controlado. Las cámaras, los registros audiovisuales y las pruebas documentales no solo protegen a los ciudadanos; también protegen a los propios agentes públicos frente a denuncias falsas o acusaciones infundadas. Limitar su difusión puede terminar debilitando a quienes trabajan correctamente y fortaleciendo la opacidad que tantas veces alimenta la desconfianza social.
El Senado tendrá ahora la responsabilidad de revisar el proyecto. Pero más allá de la votación final, ¿se está construyendo una herramienta para proteger derechos o una barrera adicional entre la sociedad y la información que involucra a quienes están en el poder? Porque hoy la ciudadanía reclama instituciones más abiertas y transparentes y cualquier intento de restringir aquello que permite ver cómo actúan los funcionarios merece, como mínimo, una discusión mucho más profunda.
Valle de Lerma Hoy