El proyecto, impulsado por los senadores Juan Cruz Curá y Gonzalo Caro Dávalos, busca fortalecer los controles dentro de las cárceles y comisarías de toda la provincia, ante una problemática que se ha repetido en los últimos años: la utilización de teléfonos celulares para realizar extorsiones, amenazas, estafas telefónicas, falsos secuestros y la coordinación de actividades delictivas desde el interior de los penales.
Uno de los puntos que destacó el legislador es que la norma no busca agravar la situación jurídica de quienes cumplen una condena ni restringir derechos fundamentales. Por el contrario, prevé mecanismos para garantizar la comunicación de los internos con sus familiares, abogados y otros contactos autorizados mediante sistemas controlados y números previamente habilitados por el Servicio Penitenciario.
La propuesta también incorpora medidas de infraestructura y seguridad, como la posibilidad de instalar inhibidores de señal en el perímetro de las unidades carcelarias, contemplando además alternativas para que el personal penitenciario pueda utilizar sus propios dispositivos sin afectar el funcionamiento del sistema ni perjudicar a los vecinos que residen en las inmediaciones de los penales.
Sin embargo, el avance de la iniciativa también abre un debate que trasciende la prohibición de los celulares. Para muchos, la verdadera discusión pasa por determinar cómo ingresan estos dispositivos a las cárceles, quiénes son responsables de esos controles y por qué, pese a las prohibiciones existentes, continúan apareciendo teléfonos en poder de los internos. Entonces…¿alcanzará una nueva ley para terminar con los delitos organizados desde las cárceles o será necesario reforzar también los controles internos, la tecnología y las responsabilidades de quienes tienen a su cargo la seguridad penitenciaria?
Valle de Lerma Hoy