Son tres los gremialistas de la Asociación de Trabajadores Rurales y Estibadores de Salta, que fueron condenados por defraudación a la administración pública, en virtud de la malversación de los sueldos “Sociales Complementarios” de 28 trabajadoras.
La maniobra por la que fueron condenados Cándido Ernesto Ojeda (titular de ATRES y de la Federación de Trabajadores Agrarios, y asesor del Senado de la Nación), su pareja Carolina Gabriela Reartes y Valeria Calizaya (ambas gremio ATRES); tiene a 200 mujeres damnificadas de Rosario de Lerma, pero sólo 28 de ellas presentaron las denuncias y los testimonios necesarios para que se logre una condena. Las 172 restantes fueron amedrentadas para no presentar cargos. En el juicio abreviado, el Juzgado Federal de Garantías N°2 condenó a penas de tres, dos y un año de prisión de ejecución condicional, como autor, partícipe necesario y secundario del hecho, a estos dirigentes.
El fraude consistía en tramitar el Salario Social Complementario, un beneficio estatal; a cuenta de esta gestión exigían el pago mensual de mil pesos, también llegaron a quedarse con el total del beneficio que constaba de $8.500; se obligaba también a realizar tareas para el sindicato, de los contrario persistía la amenazaba de la quita del beneficio y del bolsón alimentario. Los tres gremialistas deberán pagar $489 mil. Ademas se convino un pago de $5 mil para cada uno de los damnificados. Se acordó también, el pago de $211 mil, dinero que será destinado a un puesto sanitario en la localidad de Rosario de Lerma, pues las personas afectadas por estas maniobras pertenecen a ese municipio.
Valle de Lerma Hoy
