La investigación es encabezada por el fiscal penal Daniel Escalante, quien formalizó la imputación provisional por el delito de circunvención de incapaz, una figura prevista para castigar a quienes se aprovechan de personas que, por sus condiciones físicas o mentales, no pueden comprender plenamente el alcance de determinados actos jurídicos. Según surge de la causa, los hechos investigados se remontan a noviembre de 2022, cuando el acusado habría logrado que la víctima firmara una cesión de derechos vinculada a una vivienda ubicada en barrio El Sol de Campo Quijano.
Sin embargo, la situación reviste especial gravedad porque el damnificado ya había sido sometido a un proceso judicial de protección. De acuerdo con la documentación incorporada al expediente, en octubre de 2020 la Justicia había dispuesto una restricción de su capacidad para realizar actos de administración y disposición de bienes muebles e inmuebles, medida que continuaba plenamente vigente al momento de la firma cuestionada.
Para la Fiscalía, existen indicios de que el acusado conocía perfectamente esa situación y aun así habría avanzado con la operación para obtener derechos sobre la propiedad familiar. La maniobra no habría terminado allí. De acuerdo con la investigación, el documento firmado fue posteriormente incorporado como prueba en una demanda de desalojo presentada ante la Justicia Civil y Comercial contra una integrante de la misma familia que residía en el inmueble.
Los testimonios reunidos durante la pesquisa describen a la víctima como una persona con limitaciones evidentes que requería asistencia cotidiana para desenvolverse en distintos aspectos de su vida. A ello se suma un informe elaborado por la Asesoría de Menores e Incapaces, que ratificó que el hombre no estaba facultado para suscribir actos de disposición patrimonial como el que se encuentra bajo investigación.
Fuentes vinculadas al expediente señalaron que la causa busca determinar si existió una maniobra deliberada para obtener un beneficio económico aprovechándose de una persona especialmente vulnerable y protegida por decisiones judiciales previas. Durante la audiencia de imputación, el acusado fue informado formalmente de los hechos que se le atribuyen y de las garantías procesales que lo asisten.
Valle de Lerma Hoy