La implementación de esta ley no significa que reciban el mismo tratamiento que un adulto: deberán intervenir jueces, fiscales y defensores especializados y las medidas deberán priorizar la educación, resocialización e integración social. El régimen contempla desde amonestaciones, prohibiciones, tareas comunitarias, reparación del daño y monitoreo electrónico, hasta penas privativas de la libertad en casos determinados.
La prisión será bajo un régimen especial y nunca podrá cumplirse junto a adultos. Además, la pena máxima para adolescentes será de 15 años, sin posibilidad de prisión perpetua. La ley también garantiza defensa legal desde el inicio del proceso y exige operadores judiciales especializados. Particularmente en Salta, la Justicia ya trabaja en la capacitación y adaptación al nuevo escenario.
Valle de Lerma Hoy
