En su argumentación, Salinas Odorisio sostuvo que el accionar del imputado no podía analizarse como un hecho aislado, sino dentro de un contexto sostenido de violencia de género, atravesado por una marcada desigualdad de poder en la relación de pareja.
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Para la fiscal, durante el juicio quedó demostrado que la mujer fue víctima de episodios reiterados de agresiones verbales, humillaciones, expulsiones del hogar y desatención durante una enfermedad grave, en una dinámica compatible con ciclos de violencia. En ese contexto, afirmó que el imputado, en su condición de abogado, no solo tenía una posición de superioridad técnica, sino que utilizó ese conocimiento para ejercer control personal, económico y legal sobre su expareja, generando una situación de confianza y subordinación que resultó determinante para la maniobra.
La Fiscalía también sostuvo que, a lo largo del debate, quedó acreditado que el boleto de compraventa de 2013 está a nombre de la víctima, certificado por escribano, y que existen facturas, recibos y comprobantes que demuestran que fue ella quien financió la construcción, incluso mediante un préstamo bancario.
En contraposición, remarcó que el imputado atravesaba, en ese mismo período, una situación económica crítica, con concurso preventivo, pedido de quiebra y calificaciones negativas en registros fiscales, lo que lo colocaba en una posición incompatible con una inversión de esa magnitud.
Pese a ello, sostuvo que Figueroa construyó una apariencia de titularidad frente a terceros, actuando como intermediario y administrador, para luego avanzar en la maniobra central: hacer firmar a la víctima documentos en blanco bajo el pretexto de trámites vinculados a la relación o al divorcio, y posteriormente completarlos con una supuesta cesión gratuita del inmueble a su favor.
Respecto de ese documento, la fiscal fue categórica al señalar que carece de los requisitos mínimos de validez; no tiene certificación, fecha cierta ni condiciones verificables, presenta tachaduras y rasgos gráficos —como la misma forma de tipeo— que lo vinculan con el propio imputado, lo que reforzó la hipótesis de que fue confeccionado con posterioridad y de manera fraudulenta.
Asimismo, sostuvo que el objetivo final era lograr la homologación judicial de esa cesión mediante una vía no contenciosa, lo que le habría permitido consolidar el desapoderamiento del bien. Sin embargo, la oposición de la víctima y la intervención judicial derivaron en el rechazo del planteo.
Por último, Salinas Odorisio advirtió sobre un patrón de conducta basado en el uso abusivo de herramientas legales por parte del imputado. Señaló que, aprovechando su conocimiento técnico del sistema judicial, promovió demandas civiles con contenido intimidatorio, realizó denuncias en el fuero de violencia familiar que derivaron en la exclusión de la mujer del inmueble y desplegó estrategias procesales orientadas a obstaculizar su defensa y generar desgaste económico. En función de ello, solicitó que Figueroa fuera condenado por los delitos de defraudación por abuso de firma en blanco y estafa en grado de tentativa, en concurso real.
Valle de Lerma Hoy