La ley establece que las personas con antecedentes penales o procesos judiciales por estos delitos no podrán trabajar en instituciones educativas. Además, será obligatorio presentar certificados de antecedentes provinciales y nacionales actualizados al inicio de cada ciclo lectivo, asegurando entornos seguros y libres de riesgos.
Con esta aprobación, el proyecto pasa al gobernador de la provincia para su promulgación y conversión en ley. Las instituciones que no cumplan con estas disposiciones podrán ser sancionadas con la reducción de aportes estatales o incluso la exclusión del sistema educativo provincial.
Valle de Lerma Hoy
