Esa secuencia, descripta por la familia y respaldada por testimonios y registros fílmicos, instala una pregunta incómoda, ¿puede seguir hablándose de homicidio simple cuando hay indicios de ensañamiento? María José agonizó durante días y murió el 20 de diciembre en el hospital San Bernardo, producto de un shock séptico derivado de politraumatismos. Tenía costillas fracturadas, lesiones internas severas y un daño corporal que, según sus familiares, evidencia una violencia que excede cualquier explicación accidental.
La causa judicial, sin embargo, avanza bajo la carátula de homicidio simple. El fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Leandro Flores, requirió juicio en esos términos contra los hermanos López: uno como autor y otro como partícipe. Pero para la familia, esa figura legal resulta insuficiente y, sobre todo, injusta.
“¿Cómo puede ser que la pasen dos veces por encima y digan que no hubo intención?”, cuestiona Alicia Zárate, su hermanastra. La reconstrucción que sostienen es aún más grave: hablan de una discusión previa dentro del boliche, de una persecución posterior y de una acción deliberada que terminó con María José tirada en la calle mientras los ocupantes del vehículo se daban a la fuga.
En el auto —según denuncian— no iban dos personas, sino al menos cinco. Nadie bajó a auxiliarla. Nadie intentó frenar el desenlace. Ese dato vuelve a poner sobre la mesa otra figura posible: la de un homicidio agravado por alevosía, e incluso la discusión sobre si se está ante un caso de femicidio.
Porque el reclamo de fondo no es sólo penal, sino también simbólico: la familia sostiene que hubo una violencia específica, dirigida contra una mujer, con un nivel de crueldad que no puede leerse de manera neutral. “Fue con odio”, repite Alicia. Y en esa palabra se abre otra dimensión del caso: la posibilidad de que la Justicia deba analizar si el crimen encuadra dentro de la figura de femicidio, es decir, si fue cometido en un contexto de violencia de género.
A más de tres años del hecho, la causa arrastra demoras, sospechas e irregularidades denunciadas por los propios familiares. Hablan de pruebas manipuladas, de un vehículo que no sería el correcto, de liberaciones que nunca fueron notificadas. “Nos enteramos por terceros que uno de los implicados está en su casa. Es como si la volvieran a matar” agrega Alicia.
El proceso judicial tampoco ha estado exento de tropiezos. Un juicio que debía realizarse en 2025 fue suspendido, y recién ahora, con fecha prevista para el 5 de mayo, se abre una nueva instancia. Demasiado tiempo para una causa que, por su gravedad, debería haber tenido una respuesta más rápida y contundente. Mientras tanto, la consecuencia más silenciosa pero más brutal sigue latente: cinco niños están creciendo sin su madre. La familia habla de un hogar desmembrado, de preguntas sin respuesta, de ausencias que no se llenan con ningún fallo judicial.
El caso de María José Cabrera no sólo interpela a los tribunales. También expone las tensiones de un sistema que, frente a hechos de violencia extrema, parece dudar entre minimizar o profundizar su mirada. Y en esa duda, lo que está en juego no es sólo una carátula, sino el sentido mismo de la justicia. Porque si atropellar, retroceder y volver a aplastar a una persona no alcanza para discutir figuras más graves, entonces la pregunta ya no es qué pasó aquella noche, sino cómo decide mirar ese horror la Justicia salteña.
Valle de Lerma Hoy