El detonante fue una notificación firmada por el presidente del Concejo, Matías Cruz, mediante la cual comunicó a Jiménez que debía cesar de inmediato en sus funciones como asesor legal del cuerpo. La decisión obligó a convocar a una sesión extraordinaria para intentar aclarar el escenario, que por estas horas sigue siendo confuso.
Jiménez cuestionó la medida señalando que su designación no depende de la voluntad del presidente, sino del cuerpo colegiado de concejales. “Existe un mal procedimiento. El presidente está tomándose atribuciones que el reglamento no le otorga”, sostuvo el abogado, quien recordó que fue designado por resolución del Concejo en la sesión preparatoria del 10 de diciembre.
Según su interpretación, solo los concejales en conjunto podrían removerlo, y no una decisión unilateral. “Se están confundiendo cargos políticos con estructuras del cuerpo. Yo soy el asesor de los nueve concejales, no de la presidencia”, remarcó Jiménez, quien además advirtió sobre la gravedad institucional del conflicto. “Esto puede terminar dándole superpoderes a una persona. Es algo muy grave que no debería pasarse por alto”, agregó.
Por otro lado, el presidente del Concejo, Matías Cruz, defendió su decisión y apuntó directamente contra el desempeño del asesor. Según sostuvo, la medida se tomó amparada en el reglamento interno, particularmente en los artículos 24 y 26, que —según su interpretación— le permitirían remover asesores dependientes de la presidencia. Cruz fue aún más lejos y cuestionó el trabajo del abogado:
“Se trata de un asesor que ha mostrado mal desempeño durante el tiempo que ha estado trabajando en el Concejo Deliberante”, afirmó. También señaló que el letrado habría incurrido en “vacíos legales” y en asesoramientos que terminaron favoreciendo a determinados sectores.
Mientras los protagonistas intercambian acusaciones y lecturas jurídicas, la situación institucional sigue sin resolverse. En los papeles, Jiménez aún figura como asesor legal del cuerpo, aunque desde la presidencia se impulsa que la doctora Fernanda Palavecino asuma en su lugar. El problema no es menor: si la remoción se concreta sin los procedimientos adecuados, podría derivar incluso en una demanda laboral, un escenario que eventualmente terminaría pagando el municipio. Es decir, los propios vecinos de Rosario de Lerma.
Así, en lugar de debatir proyectos o discutir políticas públicas, el Concejo parece haber quedado atrapado en una disputa de poder prematura, cuando todavía ni siquiera termina de arrancar el año legislativo. La escena deja una postal incómoda: concejales enfrascados en internas y peleas administrativas, mientras los problemas reales del municipio —los que afectan todos los días a los vecinos— siguen esperando en la puerta del recinto. Por ahora, en Rosario de Lerma no se sabe con certeza quién es el asesor legal del Concejo, pero sí queda claro que el clima político ya empezó con turbulencias. Y apenas estamos en marzo.
Valle de Lerma Hoy