La causa se encuentra actualmente en la etapa de investigación penal preparatoria. En ese marco se están recolectando testimonios, pericias y pruebas tecnológicas que serán clave en el eventual juicio. Entre las medidas dispuestas se analizan los teléfonos celulares secuestrados, tanto el de la víctima como el de personal policial que debía cumplir con una consigna de protección que, según la querella, nunca se concretó.
El principal acusado es Orlando Serapio, expareja de Natalia, quien permaneció prófugo durante once días hasta ser encontrado escondido en una cueva en zona de montaña. En el expediente también hay dos hombres detenidos, acusados de haberlo ayudado a ocultarse, proporcionándole alimentos, agua, abrigo y ropa para sobrevivir durante su fuga.
Según los abogados de la familia, Natalia denunció reiteradamente a su agresor desde 2021. A partir de esas denuncias se dictaron medidas de restricción de acercamiento que, según consta en el expediente, fueron violadas en varias oportunidades. Pese a ello, las desobediencias judiciales no habrían sido investigadas ni imputadas en tiempo y forma.
Las últimas denuncias fueron realizadas el 3 y el 12 de febrero de este año. El dato más estremecedor es que el mismo día de su asesinato, Natalia acudió a la comisaría de Campo Quijano. Allí se le informó formalmente que se dispondría una consigna policial fija para su protección. Sin embargo, según relató luego a su familia, también le dijeron que no había personal suficiente para cumplir con esa medida. La custodia nunca se implementó. Horas después, Natalia fue asesinada.
La autopsia determinó que la causa de muerte fue asfixia mecánica. En la escena se encontró un cable de lámpara enredado en el cabello de la víctima, aunque los peritajes preliminares indicarían que la lesión mortal podría haber sido provocada con un elemento más grueso, posiblemente una campera que también fue secuestrada como evidencia.
Para la querella, el proceso judicial deberá analizar no solo la responsabilidad penal del acusado, sino también las fallas del sistema institucional. Señalan que el Ministerio Público Fiscal de Salta tenía conocimiento de las denuncias previas y que el Juzgado de Violencia de Género había dictado medidas que, en la práctica, no se controlaron. La familia de Natalia anticipó que demandará al Estado por la falta de protección.
Para la querella, el proceso también debe servir para una revisión profunda del sistema de protección a víctimas. “Es necesario saber qué pasó para que no vuelva a pasar nunca más”, sostienen.
Valle de Lerma Hoy