A una semana de los allanamientos en Rosario de Lerma y de la imputación de nueve personas acusadas de integrar una presunta banda dedicada al robo de ganado, la causa empieza a mostrar grietas serias. Al menos así lo plantea la defensa de dos de los acusados, que cuestiona de manera frontal la consistencia del expediente y advierte sobre el riesgo de condenas anticipadas sostenidas más por impacto mediático que por pruebas reales. El operativo fue el viernes 12 de diciembre.
El abogado Víctor Vásquez, defensor de José Pastrana, alias “el Petiso”, y Alan Suárez, fue categórico: tras los operativos no se secuestró ganado, dinero, ni elementos propios de una estructura organizada de abigeato. “No hay animales robados, no hay dinero proveniente del delito, no hay logística criminal. Lo que se incautó fueron herramientas viejas, sierras oxidadas, balanzas en desuso y objetos domésticos”, enumeró. Para la defensa, esos elementos no prueban absolutamente nada.
Vásquez sostuvo que el expediente se apoya en inferencias policiales, menciones indirectas y asociaciones forzadas, pero carece de lo que exige el derecho penal: prueba directa, concreta y verificable. “En esta causa se pretende construir una organización criminal sin hechos precisos, sin fechas, sin lugares y sin conductas claramente atribuidas”, afirmó.
En el caso puntual de Pastrana, el abogado advirtió que no existe una sola prueba que lo ubique cometiendo un hecho de abigeato. “Aparece mencionado, vinculado por terceros o incluido dentro de una hipótesis amplia. Pero el derecho penal no funciona por menciones ni por suposiciones. Funciona con hechos comprobados”, remarcó.
La defensa también cuestionó con dureza la tendencia a meter a todos en la misma bolsa, bajo la etiqueta de “banda”, sin diferenciar situaciones personales ni responsabilidades individuales. “La responsabilidad penal es personal. No se responde por conocer a alguien, por vivir en la misma zona rural o por aparecer en un listado policial”, subrayó.
Respecto a la cantidad de imputados, Vásquez fue directo: “En investigaciones de alto impacto muchas veces se inflan las hipótesis y se amplía el número de acusados. El proceso penal existe justamente para depurar esas sospechas y dejar en pie solo lo que se puede probar”.
El abogado también advirtió sobre el peligro de trasladar la legítima preocupación de los productores rurales al terreno del castigo sin pruebas. “Combatir el delito es una obligación del Estado, pero hacerlo vulnerando garantías constitucionales es ilegal y peligroso. La presión social no reemplaza a la prueba”, afirmó.
Finalmente, Vásquez sostuvo que José Pastrana y Alan Suárez ejercerán su defensa dentro de la ley y confió en que, con un análisis serio del expediente, “quedará en evidencia que no hay elementos suficientes para sostener una imputación de esta gravedad”.
Valle de Lerma Hoy