Luego del fuerte malestar que generó un mayor descuento para IPS, en el cobro de haberes de mayo, entre miles de empleados municipales de Salta, especialmente entre quienes perciben salarios mínimo, el Gobierno provincial anunció una medida de emergencia; se hará cargo de la diferencia por los altos descuentos de la obra social estatal, a través del Fondo Compensador Municipal.
El detonante fue el descuento aplicado en los recibos de sueldo, que en algunos casos dejó a trabajadores con ingresos indignos. La nueva política del Instituto Provincial de Salud, que exige un mínimo de $125.000 por grupo familiar para acceder a su cobertura, arrastró los trabajadores a ver un descuento de más de $50,000, sumado al que ya se realizaba en sus recibos de sueldo. Y por supuesto fueron los municipios los que recibieron el golpe de todas las quejas.
Ante esto, la Provincia se vio obligada a intervenir. El ministro de Enlace y Relaciones Políticas, Sergio Camacho, anunció que hasta diciembre se girarán recursos extraordinarios a las comunas para cubrir esos aportes y evitar que el costo siga cayendo sobre los empleados o las arcas municipales.
“Para que no tenga tanto impacto en las cuentas municipales”, explicó el funcionario, aunque evitó referirse al origen del problema: una medida inconsulta del IPS que afectó a los más vulnerables. El fondo será redirigido a esta urgencia. Cada municipio decidirá cómo utilizarlo, aunque se espera que el dinero cubra exclusivamente el desfase generado por los aportes a la obra social.
Esta medida no soluciona el fondo del problema: el sistema del IPS impone un piso inalcanzable para empleados municipales de ingresos bajos, sin contemplar la realidad desigual del interior salteño. Tampoco se especificó qué pasará después de diciembre.
Valle de Lerma Hoy
