El núcleo del proyecto apunta a habilitar la acumulación de votos entre listas de un mismo frente o alianza para cargos legislativos y municipales, consagrando al candidato más votado dentro de ese espacio. Traducido en términos políticos, se trata de una lógica similar a la vieja ley de lemas, aunque el oficialismo insiste en negarlo. La diferencia formal —que no incluye la categoría de gobernador— no alcanza para disipar las sospechas sobre su impacto real.
Desde el saencismo, la diputada Socorro Villamayor defiende la iniciativa como una “actualización necesaria” del régimen electoral, mientras que el secretario legislativo Romeo Medina intenta desmarcarla de la ley de lemas, describiéndola como una “interna simultánea con la elección general”. Sin embargo, esa definición técnica no logra ocultar el trasfondo político, ya que la desaparición de las PASO elimina un ámbito clave de competencia interna y lo reemplaza por un sistema donde las diferencias se dirimen directamente en la elección general, pero bajo reglas que favorecen la sumatoria de estructuras antes que la decisión individual del votante.
La oposición, en cambio, fue categórica. Desde distintos espacios advierten que el modelo está diseñado para distorsionar la voluntad popular. El diputado Guillermo Durand Cornejo lo calificó como “fraudulento”, mientras que Claudio Del Plá alertó sobre el riesgo de avanzar hacia un esquema de partido dominante. En la misma línea, Carlos Zapata sostuvo que el sistema altera la esencia del voto ciudadano, y la dirigente radical Soledad Farfán lo definió como un “retroceso institucional”.
El punto más controversial radica en la mecánica de acumulación. En la práctica, un candidato que individualmente no sea el más votado podría resultar electo gracias a la suma de votos de otras listas de su mismo frente. Este diseño no sólo diluye la relación directa entre elector y candidato, sino que transforma la competencia en una disputa de estructuras, donde el peso de los armados políticos supera al respaldo genuino en las urnas.
El proyecto también amplía la cantidad de listas permitidas —hasta cuatro por frente— y elimina pisos electorales, lo que, lejos de ordenar la oferta, podría fragmentarla artificialmente para luego recomponerla mediante la sumatoria. Así, lo que se presenta como una ampliación de la participación podría, en los hechos, convertirse en una herramienta de ingeniería electoral.
Incluso dentro del debate público emergen voces que van más allá de la crítica técnica y advierten sobre las consecuencias políticas de fondo. Dirigentes como Alfredo Olmedo han denunciado que el esquema podría utilizarse para garantizar gobernabilidad al oficialismo aún en escenarios adversos, alimentando un clima de desconfianza que erosiona la legitimidad del sistema.
En definitiva, la reforma electoral en discusión no es un simple ajuste normativo. Es una redefinición profunda del sistema político salteño. Y en ese rediseño, la pregunta central no es si ordena la competencia, sino a quién beneficia. Porque cuando las reglas cambian en medio del partido, la sospecha deja de ser una hipótesis y se convierte en un dato político ineludible.
Valle de Lerma Hoy