El silencio político es tan escandaloso como el problema mismo. Ni un senador ni un diputado de la zona salió a dar explicaciones, menos aún a defender a los vecinos. La gente queda atrapada en la misma pesadilla de siempre: tienen sus casas, pero no tienen escrituras. Todo por una cadena de negligencias y desprolijidades administrativas que hoy podrían dejarlos en la calle.
El conflicto judicial se desató tras la quiebra de una empresa privada en 2019, cuando un particular, Claudio De Luca, compró en subasta judicial el 43% de la matrícula del lote por apenas $2,5 millones. Desde entonces, reclama al Instituto Provincial de Vivienda (IPV) la división del condominio y una compensación equivalente a 20 dúplex. El intento de acuerdo fracasó y su abogado advirtió que “ya no quiere negociar” y que está dispuesto a avanzar hasta con el desalojo.
La Justicia exige respuestas y el IPV se escuda en que De Luca compró el terreno conociendo su situación catastral, asegurando que “no se permitirá la expulsión de las familias”. Sin embargo, lo concreto es que el litigio existe, que las 70 familias están en vilo y que el Estado podría terminar pagando $1.600 millones en compensaciones por un error propio.
Lo más grave es que nadie en el poder legislativo levanta la voz. Quienes deberían resguardar los intereses de la gente miran para otro lado, dejando a los vecinos a merced de la burocracia y de un privado que compró barato lo que el Estado nunca supo ordenar.
La pregunta es inevitable: ¿cómo se permitió construir un barrio entero sobre un terreno sin papeles? La falta de previsión del IPV y del municipio en aquel entonces dejó una bomba de tiempo que hoy estalla en la cara de todos. Y la indiferencia actual de los legisladores es una segunda traición a los mismos vecinos que dicen representar.
Valle de Lerma Hoy