Por Fm Aries, la abogada integrante de Asociación Civil Usuarios y Consumidores Unidos, Emilia Calmejane explicó que se trata de un cargo que se puso en vigencia en 2017 y comenzó a facturarse en marzo de 2018 hasta la fecha, y cuya creación tuvo como objetivo suplir la falta de subsidios por parte del Gobierno nacional.
La letrada afirmó que el Ente Regulador de Servicios Públicos no tiene potestad para crear este tipo de cargos, ya que se trataría de una doble tarifación. “El problema es que no hay información acerca de cuál es el fin o a dónde está destinado y a qué obras en sí”, señaló Calmejane. La preocupación aumenta porque hay una resolución con un montón de operaciones y negocios, pero no se sabe a ciencia cierta dónde están, lo que permite a la abogada poner un manto de dudas sobre las mismas.
“Hay un montón de operaciones y negocios. Parecería que los usuarios estaríamos financiando la corrupción”, sostuvo, sobre todo teniendo en cuenta que la empresa estuvo vinculada a una causa de facturación apócrifa.
Calmejane aseguró que presentaron pedidos formales de información a la empresa al trata de fondos que “supuestamente están destinados para obras, y la pregunta frecuente es dónde están las obras?”.
Valle de Lerma Hoy
