La aprobación por unanimidad de un pedido de informes en el Concejo Deliberante de Cerrillos volvió a poner en el centro de la escena una de las investigaciones más delicadas que enfrenta la gestión pasada de la exintedenta Yolanda Vega y actual diputada nacional por Salta. Las presuntas irregularidades detectadas en el cobro de tasas y habilitaciones comerciales durante la intendencia de Vega son investigadas por la justicia y los responsables de una posible asociación ilícita, están buscando protección antes que pasen por ciudad judicial.
Los concejales solicitaron al Departamento Ejecutivo Municipal que informe el estado actual de los expedientes administrativos iniciados contra dos exagentes municipales investigados por hechos que podrían haber ocasionado un perjuicio económico a las finanzas públicas.
El pedido no deja lugar a dudas sobre la gravedad del caso. Los ediles reclaman conocer las sanciones aplicadas, las conclusiones de las investigaciones internas, si las actuaciones fueron remitidas a la Justicia o a organismos provinciales y, fundamentalmente, si se logró determinar el monto del daño económico ocasionado al municipio.
Si las sospechas son ciertas, no se trata solamente de la conducta de empleados municipales. También surge una responsabilidad política vinculada a los controles internos antes del año 2023, que debían garantizar la transparencia en el manejo de los recursos públicos.
Se confirmó que en 2023 la auditoría municipal detectó un faltante estimado entre 8 y 9 millones de pesos, lo que derivó en un sumario administrativo, la cesantía de empleados involucrados y una denuncia penal para determinar las responsabilidades.
Valle de Lerma Hoy