El desalojo ejecutado este miércoles en la zona del Río Rosario, en El Carril, deja al descubierto mucho más que un conflicto judicial por tierras. Lamentablemente y crudamente, décadas de abandono estatal, desidia política y una alarmante ausencia de respuestas de quienes debieron intervenir mucho antes de que la situación terminara rodeada de policías y familias desesperadas.
Porque la pregunta de fondo es inevitable: ¿cómo puede ser que familias enteras hayan vivido durante más de cincuenta o sesenta años a la vera del río, junto a las vías del ferrocarril, sin que ningún organismo del Estado regularizara su situación, controlara el uso del suelo o propusiera una solución habitacional digna?
Durante décadas nadie apareció. Nadie puso límites, nadie urbanizó, nadie reubicó, nadie garantizó seguridad jurídica. Pero ahora sí hubo rapidez. Ahora sí hubo fuerza pública. Ahora sí hubo decisión.
El operativo policial avanzó sobre viviendas precarias donde viven niños, adultos mayores y personas con discapacidad. Entre los desalojados se encuentra Mónica Cruz, una mujer de 52 años y madre de once hijos, dos de ellos con Certificado Único de Discapacidad. Su testimonio refleja el drama humano detrás del expediente judicial: “No tengo dónde irme. Me voy a quedar debajo de un árbol si es necesario”, dijo mientras observaba cómo la Policía ingresaba al lugar donde asegura haber vivido toda su vida.
Los vecinos sostienen que informes técnicos de Recursos Hídricos indicarían que el sector en disputa formaría parte de la ribera del Río Rosario y, por lo tanto, del dominio público provincial. Si eso es así, la controversia jurídica adquiere todavía mayor gravedad. Más aún cuando los damnificados denuncian presuntas irregularidades en el proceso y apuntan contra la intervención de la jueza María Magdalena Ovejero Paz, señalando incluso un supuesto vínculo con la parte demandante.
Pero mientras los expedientes se discuten en oficinas y tribunales, la realidad ocurre en el barro. Con colchones apilados al costado de la ruta, chicos llorando, pertenencias arrumbadas y familias enteras sin saber qué pasará mañana.
También queda bajo la lupa el rol del municipio de El Carril y La Merced. Porque si durante décadas existieron asentamientos consolidados en esa zona, ¿qué hizo el Estado municipal? ¿Hubo relevamientos? ¿Intentos de regularización? ¿Gestiones para reubicar a las familias? ¿Algún plan de contingencia antes de ejecutar un desalojo de semejante magnitud?
Valle de Lerma Hoy