La multa de un millón de pesos aplicada por la UFICON al propietario de un camión que derramó guano avícola por las calles de La Silleta dejó nuevamente un problema que desde hace años crece junto con la urbanización del corredor de la Ruta Nacional 51: la convivencia cada vez más conflictiva entre las granjas avícolas y los barrios que avanzaron sobre zonas históricamente rurales.
El episodio ocurrió días atrás, cuando cámaras de seguridad registraron a un camión Scania perdiendo residuos avícolas a lo largo de la avenida principal de La Silleta. El vehículo transportaba guano presuntamente destinado a la firma “Granja Escudero”, una empresa señalada reiteradamente por vecinos debido a los olores, la proliferación de moscas y los riesgos sanitarios que denuncian desde hace tiempo.
La intervención policial terminó con el secuestro del camión, el acoplado y toda la carga transportada. El auxiliar fiscal Marcos Bravo dispuso además actas contravencionales y citaciones tanto para el conductor como para los propietarios del vehículo y de la granja involucrada. El dueño del camión pagó la multa sin objeciones.
Sin embargo, el problema de fondo parece mucho más profundo que una infracción puntual. A lo largo de La Silleta y El Encón funcionan al menos una docena de granjas avícolas. Algunas están instaladas desde hace más de treinta años, cuando toda la zona tenía perfil rural y baja densidad poblacional. Otras son emprendimientos más recientes. El crecimiento urbano cambió por completo el escenario: loteos, barrios y viviendas comenzaron a rodear establecimientos que antes estaban alejados del casco urbano.
Allí aparece el eje central del conflicto: ¿qué ocurre cuando una actividad productiva histórica queda atrapada por el avance de la urbanización? Muchos productores sostienen que las granjas ya estaban instaladas antes de que llegaran los barrios. Del otro lado, vecinos aseguran que el crecimiento poblacional volvió incompatible la actividad con la vida cotidiana debido a los olores permanentes, el tránsito de camiones con residuos y las posibles consecuencias ambientales y sanitarias.
La situación abre además una discusión más amplia sobre planificación urbana y controles estatales. Porque mientras algunos establecimientos quedaron “encerrados” por el avance inmobiliario, otros continúan operando sin que, según denuncian vecinos, existan controles suficientes sobre el transporte y tratamiento de residuos.
La pregunta que empieza a instalarse en La Silleta y El Encón ya no es solamente quién tuvo la culpa del derrame, sino qué modelo de convivencia será posible entre las actividades productivas históricas y las nuevas urbanizaciones que crecieron sin una delimitación clara entre lo rural y lo urbano.
Valle de Lerma Hoy