En la Argentina, el derecho al acceso a la educación es una garantía constitucional. Pero garantizar ese derecho no significa que cada nivel del Estado tenga las mismas responsabilidades. En el esquema institucional vigente, la educación, la seguridad y la salud pública dependen del Ejecutivo provincial. Los municipios cumplen un rol clave en la gestión territorial, pero no son la autoridad primaria en esas áreas.
Sin embargo, en el debate público suele instalarse la idea de que los intendentes deben “hacer escuelas”, “resolver la inseguridad” o “garantizar la atención médica”. La confusión no es nueva. Durante años, la demagogia política contribuyó a diluir los límites de competencia y a presentar al intendente como si fuera un pequeño gobernador, e incluso, en algunos discursos, como un delegado directo de la Nación.
La realidad administrativa es otra. Los ministerios de Educación, Salud y Seguridad existen justamente porque esas funciones son responsabilidad de los gobiernos provinciales. Son ellos quienes planifican, financian y ejecutan políticas estructurales: construcción de escuelas y hospitales, designación y pago de docentes, médicos y policías, definición de planes de estudio, compra de equipamiento y asignación de recursos humanos.
Si se trasladara esa carga a los municipios, el esquema institucional se volvería inviable. Implicaría que cada comuna pagara su propio plantel docente, su propia fuerza policial y su propio sistema sanitario. Sería, en los hechos, un país fragmentado en múltiples “microestados” con capacidades fiscales muy desiguales. Hoy el contexto agrava el problema. Con mermas en la coparticipación y mayores demandas sociales, los municipios ya enfrentan dificultades para sostener los servicios básicos que sí son de su competencia: alumbrado, recolección de residuos, mantenimiento urbano, tránsito, obras menores y asistencia comunitaria. Pretender que además absorban la construcción y sostenimiento integral de escuelas u hospitales desconoce sus límites financieros y legales.
Esto no significa que los intendentes deban desentenderse. La gestión ante organismos provinciales y nacionales es parte de su tarea, al igual que la articulación con legisladores y funcionarios para canalizar demandas locales. Pero gestionar no es lo mismo que ser responsable directo de una política pública.
Antes, muchas escuelas, viviendas y hospitales eran construidos con fondos nacionales o provinciales, según la planificación territorial. Hoy, frente a la escasez de recursos y la urgencia social, la presión se traslada al nivel más cercano al vecino: el municipio. Es comprensible que la comunidad reclame soluciones inmediatas, pero también es necesario ordenar el debate.
Valle de Lerma Hoy