El fiscal penal de Rosario de Lerma, Daniel Escalante, imputó provisionalmente a ambos como presuntos coautores de estafa y extorsión. A la mujer policía se le atribuyó además incumplimiento de los deberes de funcionario público, debido a su condición de integrante activa de la fuerza y su presunta participación en los hechos investigados.
La causa nació a partir de la denuncia de una integrante de la Policía que prestaba servicios en la Subcomisaría San Jorge y pretendía obtener un traslado al Departamento de Bicipolicías. Según su relato, una compañera le habría facilitado el número telefónico de una persona identificada como “Sonia”, presentada como alguien con contactos en la Dirección General de Recursos Humanos y capacidad para gestionar el cambio de destino. Por ese supuesto trámite le habrían pedido inicialmente $700.000. La denunciante transfirió el dinero en dos operaciones, una de $200.000 y otra de $500.000, a una cuenta bancaria que, según la investigación, pertenecía al mecánico de La Merced actualmente imputado.
El traslado nunca se concretó. Cuando la mujer decidió desistir, lejos de terminar allí la situación, habrían comenzado nuevas exigencias: presuntamente le reclamaron otros $250.000 para “cancelar” la gestión. La policía realizó entonces otras dos transferencias de $100.000 cada una. Pero las exigencias habrían continuado. De acuerdo con la investigación fiscal, incluso se le habría advertido que la supuesta deuda seguiría aumentando si no pagaba y llegaron a reclamarle el 35% de su salario, alrededor de $350.000.
Fue entonces cuando la denunciante comenzó a realizar sus propias averiguaciones sobre aquel misterioso contacto denominado “Sonia”. La información obtenida le habría permitido relacionar el número telefónico con la misma agente policial que originalmente le había proporcionado el contacto. A partir de ese dato decidió acudir a la Justicia. La hipótesis que ahora investiga la Fiscalía sostiene que la agente habría utilizado un número alternativo y una identidad ficticia para aparentar que existía una persona con contactos dentro de la fuerza capaz de conseguir traslados a cambio de dinero.
El seguimiento bancario logró dar cuenta que quién recibió los pagos fue un mecánico de La Merced, pero, de acuerdo con los informes incorporados al expediente, parte de esos fondos habría sido posteriormente transferidos nuevamente hacia la agente policial investigada. Comprobantes de transferencias, comunicaciones, registros digitales, dispositivos y movimientos bancarios forman parte de la evidencia que analiza la Fiscalía. El pasado 4 de septiembre, además, se realizaron allanamientos en domicilios vinculados a los dos imputados, con resultados que fueron considerados positivos para el avance de la investigación.
Ahora la causa entra en una etapa particularmente sensible: establecer si se trató de una maniobra aislada contra una sola integrante de la fuerza o si detrás del caso existieron otras operaciones similares. La investigación penal continúa y se deberá determinar si hubo más personas que entregaron dinero bajo la promesa de conseguir destinos o beneficios dentro de la Policía de Salta y qué otras responsabilidades podrían surgir.
Valle de Lerma Hoy
