El caso es una de las formas más silenciosas de la llamada esclavitud moderna: aquella en la que una persona no necesariamente está encerrada ni encadenada, pero queda sometida a condiciones de trabajo que vulneran su dignidad, sus derechos y su libertad económica. En Cerrillos, esa acusación cayó sobre uno de los emprendimientos productivos más reconocidos del Valle de Lerma. José Antonio “Kiko” Fernández, impulsor de la producción de Cerdo Negro, fue imputado por la Justicia Federal por el delito de trata de personas con fines de explotación laboral, agravado por la cantidad de trabajadores afectados, su situación de vulnerabilidad y la consumación del hecho.
La investigación comenzó a partir de una denuncia anónima realizada a la línea 145. A partir de ese alerta intervino la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), junto con personal de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que inspeccionó la finca ubicada en Cerrillos. Según la acusación fiscal, en el establecimiento se encontraban alrededor de veinte trabajadores y siete de ellos habrían sido víctimas de la explotación investigada.
En este caso, la Fiscalía describió un escenario que va mucho más allá de un incumplimiento laboral común: personas alojadas en habitaciones de adobe con pisos de tierra, camas armadas con palets, utilización de letrinas y necesidad de calentar agua en tachos sobre el fuego para poder higienizarse.
También se detectaron, de acuerdo con la investigación, extensas jornadas laborales sin pago de horas extras, feriados ni domingos, trabajadores que no contaban con cobertura ante enfermedades o accidentes y salarios que, en algunos casos, ni siquiera alcanzaban para cubrir sus necesidades básicas.
La Fiscalía sostuvo además que algunos empleados estaban registrados para tareas vinculadas con la cosecha de tabaco, pero luego eran destinados a otras actividades, entre ellas la cría de los cerdos. Uno de los episodios incorporados a la investigación refiere a un trabajador que sufrió un accidente en una pierna y que, según la acusación, no habría recibido asistencia del empleador y debió ser trasladado por un familiar. Tampoco habría cobrado durante los días en los que no pudo trabajar.
La dimensión política y simbólica del caso agrega un elemento particular. Apenas una semana antes de que trascendiera la imputación, la Cámara de Diputados de la Nación había aprobado, con 203 votos afirmativos, el proyecto para declarar a San José de los Cerrillos como Capital Nacional del Cerdo Negro, una iniciativa impulsada por la diputada nacional Yolanda Vega.
El reconocimiento nacional destacó precisamente la trayectoria productiva vinculada con la cría del Cerdo Negro y la elaboración de jamones y otros productos derivados. Fernández aparece además como uno de los principales protagonistas de esa historia productiva. Durante más de tres décadas desarrolló una genética porcina adaptada a la región y posicionó el producto fuera de Salta. Ahora, ese mismo emprendimiento quedó bajo la lupa de la Justicia Federal.
El juez federal de Garantías N.º 2 de Salta, Diego Anzorreguy, hizo lugar a la imputación y fijó un plazo de seis meses para profundizar la investigación. Además, Fernández quedó sujeto a medidas restrictivas: no podrá salir del país y tendrá prohibido mantener contacto con determinados trabajadores vinculados con la causa. El empresario continuará el proceso en libertad y con asistencia de su defensa.
La Justicia deberá determinar ahora si detrás de una reconocida marca gastronómica y de una producción que acaba de obtener reconocimiento nacional existió también una estructura de explotación laboral.
Valle de Lerma Hoy
