El reclamo contra la directora puede ser legítimo y los padres tienen derecho a cuestionar las decisiones del Ministerio de Educación. Pero hay una diferencia fundamental: una cosa es no querer a una directora y otra muy distinta es impedir que los propios hijos reciban la educación obligatoria.
Los chicos no son responsables del conflicto, no participaron de las denuncias ni de las decisiones administrativas. Sin embargo, son ellos quienes terminan perdiendo días de clases.
La situación obliga también a preguntarse qué información están recibiendo las familias. Si existen denuncias contra una autoridad escolar, deben ser investigadas por los organismos correspondientes. Si la Justicia ya se expidió sobre determinadas acusaciones, esa decisión también debe ser respetada. No corresponde transformar una disputa institucional en una medida que termine afectando a los alumnos.
El Ministerio de Educación tiene ahora la responsabilidad de intervenir y garantizar que el conflicto no siga afectando la escolaridad. Y si la inasistencia continúa siendo utilizada como mecanismo de presión, deberán actuar también los organismos que correspondan para proteger el derecho de los niños a estudiar.
Una protesta puede ser legítima. Un reclamo puede ser justo. Pero ninguna diferencia política, institucional o personal puede estar por encima del derecho de los chicos a la educación.
La pregunta que debería hacerse toda la comunidad educativa es sencilla: ¿ quién está pagando hoy el costo de este conflicto? La respuesta está en las aulas vacías. Y allí están los chicos, que deberían ser siempre la prioridad.
Valle de Lerma Hoy
