La causa es investigada por el fiscal penal Daniel Escalante, quien sostuvo que los hechos deben analizarse dentro de un contexto de enfrentamientos entre adultos que se habría extendido en el tiempo y que terminó arrastrando a una menor de edad a una situación de extrema vulnerabilidad.
De acuerdo con la investigación, la joven habría sido blanco de reiterados ataques que nada tenían que ver con su conducta personal, sino con disputas ajenas que terminaron impactando directamente sobre ella. Informes profesionales incorporados al expediente advirtieron sobre el delicado escenario que atravesaba la adolescente, situación que incluso motivó la adopción de medidas de protección judicial.
El primero de los hechos ocurrió el 29 de septiembre de 2025, en inmediaciones de calle Belgrano al 500. Según la acusación, un joven de 23 años la habría agredido físicamente, provocando su caída y ocasionándole lesiones. Días después, el 6 de octubre, cuando caminaba junto a su hermano menor, la situación volvió a repetirse. La Fiscalía sostiene que el mismo acusado la interceptó nuevamente y la golpeó utilizando una manopla, mientras una joven de 19 años también habría participado de la agresión.
La situación alcanzó un nuevo punto crítico el pasado 29 de marzo en barrio San Jorge. En esa oportunidad, la adolescente habría sido rodeada por cuatro mujeres que presuntamente la amenazaron e intimidaron. Durante el episodio, una de ellas habría utilizado un elemento contundente para atacarla, provocándole nuevas lesiones. La gravedad del caso se vio agravada por un dato que surgió durante la investigación: una de las acusadas tenía vigente una medida judicial que le prohibía acercarse a la menor o ejercer cualquier tipo de violencia física o psicológica en su contra. Pese a ello, habría participado del último episodio, por lo que también fue imputada por desobediencia judicial.
Entre las pruebas reunidas por la Fiscalía figuran denuncias, certificados médicos que acreditan las lesiones sufridas por la adolescente, documentación relacionada con las medidas de protección y diversos informes profesionales que reflejan el contexto de vulnerabilidad en el que se encontraba la víctima. Para los investigadores, la joven habría quedado atrapada en una conflictividad que se prolongó durante meses y que terminó convirtiéndola en el blanco de agresiones, amenazas y actos de hostigamiento. Ahora será la Justicia la encargada de determinar las responsabilidades penales de los cinco imputados en una causa que expone las consecuencias más extremas de los conflictos familiares cuando terminan desbordando cualquier límite.
Valle de Lerma Hoy