Pero detrás del expediente judicial hay una historia mucho más profunda y dolorosa. Según consta en la causa, el hombre decidió cortar toda comunicación con la mujer apenas tomó conocimiento del embarazo. La bloqueó de redes sociales, desapareció durante meses y solo retomó contacto brevemente tras el nacimiento de la niña, prometiendo una responsabilidad que jamás cumplió. La menor creció prácticamente sin vínculo paterno. Los aportes económicos fueron mínimos y esporádicos: pequeñas transferencias, dinero insuficiente y hasta un medicamento cuando la niña atravesaba un cuadro de fiebre. El reconocimiento legal recién llegó cuando la madre decidió acudir a la Justicia ante la proximidad de la edad escolar de la niña.
Los jueces Verónica Gómez Naar y Leonardo Rubén Aranibar remarcaron que la falta de reconocimiento paterno vulnera derechos esenciales: la identidad, el nombre, la pertenencia familiar y el derecho a ser reconocido socialmente por sus progenitores. Derechos que se encuentran protegidos por la Convención sobre los Derechos del Niño y por la Constitución Nacional.
Sin embargo, el fallo también da cuenta de otra realidad incómoda: los tiempos judiciales no siempre acompañan las necesidades urgentes de la infancia. Seis años para obtener una sentencia representan una eternidad en la vida de un niño. Mientras los expedientes avanzan lentamente, madres solas enfrentan la crianza, los gastos, el desgaste emocional y las consecuencias económicas que implica sostener en soledad una responsabilidad que debería ser compartida.
En Argentina, las demandas por filiación, cuotas alimentarias y regímenes de cuidado se multiplican año tras año. En muchos casos, son las mujeres quienes deben atravesar largos procesos judiciales para lograr que los progenitores asuman obligaciones básicas que deberían cumplirse sin necesidad de intervención judicial. La sentencia marca un precedente importante porque deja en claro que el reconocimiento paterno no es un acto optativo ni una decisión librada al capricho personal. Es un deber jurídico y moral. Pero también reabre el debate sobre la necesidad de una Justicia más rápida, más firme y más eficiente cuando se trata de garantizar derechos de menores.
Valle de Lerma Hoy