Federico Javier López llegó al juicio acusado por delitos gravísimos: homicidio calificado por alevosía y dos hechos de abuso sexual con acceso carnal en concurso real. Su hermano, Ramiro Nicolás López, estaba imputado como partícipe secundario del homicidio. La fiscal penal María Luján Sodero Calvet había solicitado prisión perpetua para Federico y 10 años de prisión efectiva para Ramiro, sosteniendo durante los alegatos que el crimen había sido “brutal”, con una víctima completamente indefensa y un acusado que actuó con pleno conocimiento de lo que hacía.
Peor aún para el entorno de la víctima fue la absolución lisa y llana de Ramiro Nicolás López, quien recuperará la libertad de manera inmediata luego de que el magistrado descartara su participación secundaria en el hecho. La resolución judicial reabrió además viejas heridas sobre cómo se investigó el caso desde el primer día. Porque más allá del fallo, lo cierto es que el expediente arrastró durante casi tres años enormes debilidades investigativas que terminaron impactando directamente en el resultado final.
La propia Fiscalía logró demostrar que Federico López conducía alcoholizado, con 2,13 gramos de alcohol en sangre, y que fue el Fiat 128 que manejaba el que embistió y pasó por encima de María José Cabrera. También se acreditaron lesiones devastadoras en el cuerpo de la víctima y el grado de violencia extrema del hecho. Pero aun así, la acusación no consiguió sostener los agravantes que podían derivar en prisión perpetua.
En el medio quedaron innumerables cuestionamientos hacia el trabajo policial y judicial. Nunca hubo una reconstrucción sólida y contundente del hecho. Las pruebas fueron discutidas desde el inicio. Se perdieron tiempos claves en la investigación. Las acusaciones parecieron debilitarse con el correr de los meses y, según sostienen incluso allegados a la causa, jamás se dimensionó con verdadera firmeza la gravedad del crimen.
La propia sentencia dejó en evidencia zonas oscuras todavía abiertas. El juez sí hizo lugar al pedido de la Fiscalía para investigar por falso testimonio y posible inacción a Débora Maldonado, Carla Serrano y Julieta López, mujeres del círculo íntimo de los acusados que viajaban en los vehículos aquella noche y cuya conducta quedó bajo sospecha durante el juicio. Pero para la familia de María José Cabrera eso ya no alcanza. Porque mientras la Justicia habló de homicidio simple, en Campo Quijano sigue resonando otra palabra: impunidad.
Y esa es quizás la herida más profunda que dejó el fallo. No solamente la diferencia entre la perpetua que pidió la Fiscalía y los 18 años que recibió Federico López, sino la sensación colectiva de que el sistema volvió a fallarle a una víctima. Una investigación endeble, pruebas discutidas, errores policiales y una sentencia muy inferior a la esperada terminaron construyendo un escenario que hoy deja más preguntas que respuestas.
Valle de Lerma Hoy