El informe revela irregularidades graves: eventos realizados sin registros, ausencia de documentación sobre ingresos y egresos y movimientos económicos sin respaldo claro. En otras palabras, una estructura que funcionó durante años sin controles efectivos. El impacto económico es alto. El déficit supera los 71 millones de pesos en 2025, mientras que el pasivo corriente se disparó de 23 millones a 115 millones en un solo ejercicio. A la par, se registraron incorporaciones patrimoniales por más de 125 millones, cifras que —sin documentación clara— abren aún más dudas que certezas.
Entonces..¿Qué pasó con el dinero generado en bailes, alquileres y otras actividades, incluso en el generado con El Carrileñazo? Según el propio informe, no existe acreditación suficiente de que esos fondos hayan sido utilizados para los fines institucionales. Tras una denuncia presentada en julio de 2025 por socios de la entidad, el organismo provincial intimó a las autoridades a regularizar la situación. Sin embargo, las respuestas fueron parciales, las internas se profundizaron y la designación de nuevas autoridades incluso fue cuestionada en asambleas.
Finalmente, la intervención avanzó: se dio de baja a la comisión normalizadora, se exigió la entrega inmediata de documentación, dinero y bienes, y se intimó a las nuevas autoridades a explicar el estado financiero real de la institución. Sin embargo, hay un punto que genera aún más inquietud, pese a la magnitud de las irregularidades y las cifras en juego, no se conoce hasta el momento ninguna denuncia penal en la Justicia.
¿Por qué? ¿Se trata solo de desorden administrativo o hay responsabilidades más profundas? ¿Quién controla el destino de los fondos? El caso ya no parece limitarse a una crisis interna de una agrupación tradicionalista. Lo que está en juego es la transparencia en el manejo de dinero, la responsabilidad institucional y la confianza de toda una comunidad.
Valle de Lerma Hoy