La iniciativa, que será debatida en el recinto en los próximos días, pone en el centro de la escena un tema tan urgente como incómodo: el rol del Estado, la familia y la escuela frente a un ecosistema digital que avanza más rápido que cualquier marco normativo. “Esto tiene que ver con la seguridad, la formación y el desarrollo de los niños, pero también con la responsabilidad de los padres”, sostuvo Taibo.
El proyecto propone una arquitectura regulatoria escalonada: prohibición total para menores de 14 años, acceso condicionado entre los 14 y 16 bajo supervisión adulta, y uso libre a partir de los 16. Una lógica que busca equilibrar protección y autonomía en un contexto donde —según el legislador— “la tecnología muchas veces ha superado a los adultos”.
La discusión no es menor. En un país donde aún existe un vacío normativo a nivel nacional en materia de regulación de redes sociales, la iniciativa salteña se posiciona como una experiencia disruptiva. Incluso, de avanzar, podría convertir a la provincia en uno de los primeros territorios del mundo en implementar restricciones de este tipo a nivel subnacional.
Taibo remarcó que la propuesta no apunta únicamente a limitar, sino también a educar: “A través de una pantalla, los chicos tienen acceso tanto a lo mejor como a lo peor. Por eso es clave poner límites, pero también brindar herramientas para que sepan distinguir”.
El proyecto cuenta con el acompañamiento de legisladores como Omar Exeni y Guillermo Kripper, y ya genera un debate que trasciende lo legislativo para instalarse en la agenda pública: ¿hasta dónde regular? ¿Cuál es el límite entre protección y control? ¿y qué papel deben asumir las familias en esta nueva realidad digital? Mientras países como España, Irlanda y Filipinas avanzan en esquemas regulatorios similares, Salta se suma a una conversación global que redefine la relación entre juventud, tecnología y Estado.
Valle de Lerma Hoy