Las graves denuncias de la concejal Aurelia Córdoba contra el presidente del Concejo Deliberante, Matías Cruz, no son un hecho menor ni una simple interna política. Hablan de algo mucho más profundo: del uso discrecional del poder para beneficio propio. La desaparición de un expediente oficial, que tenía número, registro y curso administrativo, no puede relativizarse. Si se confirma, estaríamos ante una maniobra deliberada para ocultar información sensible vinculada, nada menos, que a una presunta evasión de un control de alcoholemia.
Pero el problema no termina ahí. Lo que se repite, como un patrón, es la lógica del privilegio. Dirigentes que cambian de discurso según el gobierno de turno, que ayer respondían a un espacio político y hoy se reciclan como “referentes sociales”, pero que en el fondo mantienen intacto su objetivo: seguir prendidos del Estado. No se trata de ideología, se trata de conveniencia.
Resulta aún más irritante cuando quienes hablan en nombre de los vecinos terminan beneficiándose, directa o indirectamente, de subsidios o ventajas que deberían estar destinados a quienes realmente los necesitan. Mientras muchas familias hacen malabares para pagar servicios básicos, otros parecen encontrar siempre la forma de acomodarse dentro del sistema.
La denuncia de Córdoba también pone sobre la mesa otro problema grave: el funcionamiento institucional. Un Concejo Deliberante donde se pierden expedientes, se limita la palabra y se manejan los tiempos según conveniencia política no representa a la ciudadanía. La transparencia no se declama, se ejerce.
Valle de Lerma Hoy