
En numerosos municipios persiste una práctica que, aunque se volvió habitual, resulta incompatible con una administración pública transparente: la tercerización de la contabilidad. Delegar la carga de gastos, la imputación presupuestaria y la ejecución contable en estudios externos expone a los gobiernos locales a un riesgo evidente: perder el control directo sobre los recursos públicos. Cuando un tercero maneja la información “delicada” de un presupuesto municipal, la gestión deja de saber con precisión cómo se registra cada gasto, bajo qué criterio se imputa y qué números reflejan realmente la situación financiera del Estado.
Esta modalidad, extendida durante años y sostenida en vacíos normativos o costumbres mal aprendidas, no solo genera opacidad sino que además contradice principios básicos de la administración pública. Si un intendente envía sus comprobantes a un contador externo, se desprende del conocimiento real de sus propios movimientos financieros. Es como entregar todos los tickets del hogar y permitir que otro decida bajo qué categoría clasificarlos, sin supervisión ni certeza.
La ausencia de un control interno sólido abre la puerta a distorsiones, atrasos, “dibujos” presupuestarios y ejecuciones poco verificables. No es casual que, en muchos casos, los presupuestos no coincidan con lo realmente gastado o que la información llegue tarde y sin claridad. La tercerización, lejos de agilizar procesos, debilita la toma de decisiones porque retrasa la disponibilidad de datos y deja a la gestión dependiendo de criterios ajenos.
La normativa vigente es clara: la administración, la registración contable y el control del gasto deben realizarse dentro del propio municipio, con personal técnico y profesional propio, bajo supervisión directa de la Secretaría de Hacienda y con trazabilidad permanente. En un contexto donde la ciudadanía exige claridad, control y responsabilidad, es imprescindible que las Cartas Orgánicas y los Concejos Deliberantes avancen hacia la prohibición explícita de la tercerización contable. Las cuentas públicas deben ser públicas desde adentro: con equipos propios, procesos internos y decisiones tomadas sobre datos reales y no sobre planillas externas. Solo así se reconstruye la confianza y se ordena la administración municipal desde donde corresponde: desde adentro del Estado, no desde un escritorio ajeno.
Valle de Lerma Hoy
