La fiscal penal de Cerrillos, Mónica Viazzi, representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia de formulación de la investigación penal preparatoria realizada en el marco de una causa por hurto simple y estafa por el uso indebido de datos, donde se arribó a un acuerdo mediante la aplicación de un criterio de justicia restaurativa. El juez del tribunal de Juicio, Gabriel González resolvió homologar el acuerdo alcanzado entre las partes, por el cual los dos imputados asumieron distintas obligaciones en favor de la víctima.
La investigación se inició tras un hecho ocurrido el pasado 5 de mayo, alrededor de las 00:45, en inmediaciones de las calles José Hernández y Juan Carlos Dávalos. Según la denuncia, el damnificado advirtió que su teléfono celular, que se encontraba cargando junto a una ventana de su negocio, había sido sustraído. Posteriormente, su hija ingresó a la cuenta de Mercado Pago y detectó una transferencia por 493 mil pesos a nombre de uno de los acusados, además de la solicitud de un préstamo por 363 mil pesos, del cual sólo llegaron a transferirse 86 pesos.
La mujer también logró identificar la red wifi a la que estaba conectado el teléfono sustraído, lo que permitió orientar la búsqueda policial. Minutos después, otro hombre se presentó en el negocio y devolvió el celular, aunque sin el chip, a cambio de un sándwich. Durante el procedimiento, efectivos policiales lograron identificar a los sospechosos y reconstruir la maniobra investigada. Los hechos fueron encuadrados provisoriamente como hurto simple y estafa por el uso indebido de datos, previstos en los artículos 162 y 173 inciso 15 del Código Penal.
Entre los compromisos asumidos en la audiencia, los acusados deberán restituir la suma de 493 mil pesos que había sido transferida desde la cuenta de Mercado Pago de la víctima. Además, en caso de que la plataforma apruebe el préstamo solicitado desde la cuenta afectada, deberán hacerse cargo de los intereses generados y reintegrarlos. También acordaron entregar el porta chip reclamado por la víctima, quien estuvo presente durante la audiencia.
A ello se suma la realización de tareas comunitarias durante dos horas semanales y por el plazo de tres meses en una iglesia de Chicoana, además de la prohibición de ejercer actos de violencia o intimidación hacia el damnificado. Desde la Fiscalía se explicó que, si los imputados cumplen con todas las obligaciones pactadas con la víctima, el proceso penal quedará extinguido. En ese marco, se dispuso además la libertad de los detenidos.
Valle de Lerma Hoy