El planteo, impulsado por el convencional Walter “Bambino” Raposo, presidente de la Comisión de Culto, encendió el debate, al rozar principios de discriminación religiosa y violación de la laicidad del Estado, tal como establece la Constitución Nacional. Raposo defendió la propuesta afirmando que “el pueblo de Chicoana siempre estuvo profundamente ligado a la fe católica”, pero otros convencionales señalaron que “una Carta Orgánica moderna debe garantizar igualdad para todos los credos” y no favorecer a uno en particular.
Además el hermetismo con el que se están llevando adelante las sesiones de la convención, sin acceso a la prensa ni difusión pública, genera malestar entre los vecinos, quienes reclaman transparencia y temen que se estén incorporando artículos “a espaldas del pueblo”. La polémica también reflotó un viejo debate: ¿puede un municipio legislar sobre la fe? En pleno siglo XXI, imponer la religión católica como requisito político o moral resulta un retroceso institucional.
La realidad es que la pretensión de imponer una sola fe como símbolo de identidad colectiva no sólo contradice la Constitución Nacional, sino que muestra una mirada cerrada y paternalista de lo público. Las tradiciones religiosas merecen respeto, pero no subvención obligatoria ni condición política. Es tiempo de que los municipios del interior comiencen a actualizar sus ordenanzas y marcos normativos a los tiempos que corren, donde la fe es una elección personal, no una política de Estado.
Valle de Lerma Hoy
