
Natalia Cruz tenía 37 años. Fue asesinada el 17 de febrero en una vivienda del barrio Luz y Fuerza de Campo Quijano. Su expareja, Daniel Orlando Serapio, está acusado del crimen. La mujer sufrió una brutal agresión que terminó con su vida. El hombre escapó después del ataque y permaneció prófugo durante 11 días, hasta que fue localizado y detenido. La investigación también incorporó otros hechos de violencia y desobediencia judicial.
El 24 de julio, el horror volvió a instalarse en La Silleta. Viviana Rústica Vilte tenía 55 años. Fue asesinada en su propia vivienda. El informe preliminar de la autopsia confirmó más de 40 heridas provocadas con un cuchillo de grandes dimensiones. La fiscalía calificó el ataque como un hecho brutal, cometido en un contexto de absoluta violencia e indefensión. Su expareja quedó imputada por homicidio triplemente calificado, por el vínculo, por violencia de género y por ensañamiento.
El último caso ocurrió el 19 de noviembre en Chicoana. Denise Gisel Viñabal tenía apenas 27 años y era madre de dos niñas. Fue asesinada por su expareja, Carlos Enrique Pascal, un cabo de la Policía de Salta, dentro del Centro de Mediación municipal.
La reconstrucción de las cámaras de seguridad y el resultado de la autopsia revelaron una secuencia estremecedora. El policía habría efectuado al menos tres disparos. El primero no alcanzó a Denise. El segundo la hirió y, cuando la joven comenzaba a desvanecerse, volvió a dispararle. La autopsia confirmó dos impactos de bala. Después escapó y fue encontrado gravemente herido cerca del cementerio de Chicoana. Murió poco después.
Tres mujeres. Tres vidas destruidas. Tres familias condenadas a convivir con una ausencia irreparable. En dos de estos crímenes hubo hijos que quedaron sin sus madres. La dimensión provincial tampoco permite mirar hacia otro lado. Según el relevamiento publicado por El Tribuno este sábado, Salta registra 12 femicidios en 2026, el doble de los seis contabilizados durante todo 2025. La cifra supera también los nueve casos de 2024. Además, existen otras nueve muertes violentas bajo investigación que podrían modificar el registro.
Lo ocurrido en el Valle de Lerma obliga a formular preguntas incómodas. ¿Qué está fallando en los mecanismos de prevención? ¿Qué respuestas reciben las mujeres cuando atraviesan situaciones de violencia? ¿Cuántas señales no fueron advertidas a tiempo? ¿Qué protección real existe cuando una mujer decide separarse de su agresor?
En Chicoana, además, hay una circunstancia que agrava todavía más el impacto institucional del crimen. El principal acusado era integrante de la Policía y habría utilizado su arma reglamentaria para matar a su expareja. Ya no alcanza con lamentar cada muerte, anunciar investigaciones o repetir estadísticas. Cuando una mujer termina asesinada de esta manera, la discusión sobre prevención, protección y responsabilidad institucional deja de ser una cuestión administrativa. Se convierte en una obligación urgente.
El Valle de Lerma tiene tres nombres que no deberían convertirse en una cifra más. Natalia, Viviana y Denise. Tres mujeres que fueron asesinadas con una violencia que estremece. Y una sociedad que no puede acostumbrarse a contar sus muertes.(Redacción de El Tribuno)
