Los centros de mediación comunitarios, ofrecen un servicio gratuito para resolver conflictos familiares, vecinales y patrimoniales, mediante el diálogo y la intervención de mediadores habilitados. Entre los asuntos habituales figuran cuotas alimentarias, cuidado de los hijos, regímenes de comunicación, problemas de convivencia, deudas y disputas entre vecinos. Sin embargo, la legislación establece un límite fundamental, los casos de violencia familiar y de género no pueden someterse a mediación o conciliación.
La Ley Nacional 26.485 y la Ley Provincial 7888 prohíben estos procedimientos cuando existen situaciones de violencia, que requieren intervención especializada. Salta cuenta además con protocolos para que los mediadores detecten posibles situaciones de violencia y actúen conforme a los mecanismos de protección.
Particularmente y según informó la Policía de Salta, Enrique Pascal no contaba con denuncias de parte de su víctima. Sin embargo, con el crimen de Chicoana es muy necesario preguntarnos ¿cómo se evalúan los antecedentes de las personas convocadas? ¿Se identifican amenazas, denuncias previas o situaciones de riesgo antes de reunirlas? ¿Cuentan todos los centros municipales con personal capacitado y procedimientos adecuados para detectar estos casos y derivarlos a los organismos competentes?
Sin atribuir responsabilidades sobre una audiencia que nunca llegó a realizarse y siendo conscientes que la responsabilidad es una, la del femicida. Esta tragedia debe llevar a revisar los mecanismos de prevención y los límites de estos espacios. Porque no todos los conflictos pueden resolverse sentando a dos personas frente a una misma mesa.
Redacción Valle de Lerma Hoy
