Este fallo a favor de Wayar, se sustenta en cómo fue creada la Comisión Investigadora por parte del Concejo y en que el procedimiento no garantiza el “derecho de defensa”. Sin embargo esto ya lo sabían los mismo concejales que impulsaron esto, ya que las objeciones sobre la elaboración de la ordenanza ya habían sido planteadas dentro del propio recinto, antes de su aprobación.
El concejal Oscar Castillo, advirtió durante aquella sesión de marzo que el proyecto no había recibido el tratamiento ni el análisis jurídico que requería. Según consta en el acta oficial, cuestionó que el documento no estuviera disponible con suficiente anticipación y señaló la existencia de errores técnicos, inconsistencias y vacíos que podían ocasionar futuros planteos judiciales. Algo que pasó.
Pese a esas observaciones, la ordenanza fue aprobada con cuatro votos afirmativos de los concejales Mónica Iris Berruezo, María Cecilia Cazula, Mauro Santiago Villegas y Oscar Fidel Salgado. Castillo y Liliana Aída Vilte se abstuvieron, precisamente con cuestionamientos sobre el tratamiento y la necesidad de profundizar el análisis técnico-jurídico.
La decisión judicial conocida en los últimos días da cuenta de la improvisación y despreocupación con la que se trató el tema. Una cuestión es la facultad legítima del Concejo para investigar y controlar al Ejecutivo, y otra muy distinta es la obligación de establecer procedimientos ajustados a la Constitución. La medida cautelar no resuelve las acusaciones contra Wayar. Pero sí obliga a revisar el camino institucional elegido por los concejales mercedeños. ¿Se buscaba construir una herramienta seria y permanente de control municipal o se buscaba sólo generar un circo mediático?
Valle de Lerma Hoy
