El especialista aseguró que existen denuncias de comunidades originarias, pobladores y trabajadores sobre presuntos vuelcos ilegales de desechos en caminos y sectores no autorizados de la región puneña. “Hay empresas que utilizan la mina como un vertedero ilegal”, alertó, aunque aclaró que no todas las firmas actúan de la misma manera.
Derlindati apuntó especialmente contra el sistema de tercerización del tratamiento y traslado de residuos, donde —según explicó— suelen aparecer las mayores irregularidades. “Las malas empresas quedan impunes y muchas veces no hay foco sobre el mal manejo ambiental”, sostuvo. El investigador remarcó además que la minería no puede analizarse únicamente desde lo económico, sino también desde el daño potencial sobre ecosistemas extremadamente frágiles. “La Puna no es una roca inerte; son territorios vivos, sensibles y habitados”, señaló.
También comparó la situación salteña con provincias vecinas como Jujuy y Catamarca, donde —según indicó— existen mayores exigencias ambientales para el tratamiento de efluentes dentro de los propios campamentos mineros. Otro de los puntos críticos que expuso tiene que ver con el temor a denunciar. Muchos trabajadores vinculados a empresas contratistas evitarían formalizar acusaciones por miedo a perder su fuente laboral.
Las declaraciones reabrieron un debate de fondo: qué tipo de desarrollo minero está dispuesto a sostener Salta y hasta dónde llegan los controles del Estado frente a una actividad que crece aceleradamente, pero que también comienza a acumular cuestionamientos ambientales cada vez más graves.
Valle de Lerma Hoy