La situación golpea principalmente a pobladores de zonas como la Quebrada del Toro, Potrero de Castilla, Molinos y otros puntos del interior profundo, donde el acceso a servicios básicos continúa siendo una deuda histórica del Estado. Allí, la energía solar no representa confort ni modernidad: apenas alcanza para encender algunos focos, cargar un celular o escuchar una radio.
Sin embargo, cuando las baterías fallan o dejan de funcionar, las soluciones tardan meses en llegar. Y en muchos casos, según denuncian los vecinos, primero deben cancelar las deudas acumuladas —incluidos intereses millonarios— para recién acceder a una reparación. “Pagás primero los intereses, si no, no te reciben el reclamo”, relató un vecino de la Quebrada del Toro que estuvo casi un año entero sin luz. Después de reunir más de 270 mil pesos para regularizar su situación, logró que le cambiaran la batería. Poco tiempo después volvió a encontrarse con nuevas boletas y más de 170 mil pesos adicionales solo en concepto de mora.
La problemática no es únicamente económica. También expone la enorme distancia entre las normativas y la realidad cotidiana de quienes viven en zonas rurales. Muchos pobladores deben viajar durante horas para llegar a un pueblo donde puedan pagar una factura o realizar un reclamo. En ocasiones, solo logran hacerlo cada dos o tres meses debido a las distancias, el clima o la falta de transporte. Pero el sistema no contempla esas dificultades: las deudas continúan creciendo y los intereses se acumulan sin pausa.
En Molinos, José Fabián contó que su familia permanece sin electricidad desde junio del año pasado. Aunque lograron ponerse al día con los pagos y continúan abonando regularmente, las baterías nunca fueron reemplazadas. “Hacemos el esfuerzo, bajamos al pueblo y pagamos. Pero seguimos sin luz”, resumió con resignación.
La prestación está a cargo de la Empresa de Servicios Eléctricos Dispersos (ESED S.A.), concesionaria del servicio en sectores donde no llega la red eléctrica convencional. El sistema fue creado con una finalidad social: garantizar un derecho básico a familias aisladas y vulnerables. Sin embargo, en la práctica, muchos usuarios sienten que terminó convirtiéndose en una carga imposible de sostener. El Ente Regulador de los Servicios Públicos reconoce en su normativa el carácter social y subsidiado de este servicio y establece la obligación de garantizar continuidad y atención prioritaria. Pero en los hechos, los reclamos se acumulan mientras las soluciones no llegan.
Valle de Lerma Hoy