La gravedad institucional del caso está relacionada con la participación de Raúl Rafael Aguirre, un efectivo de la Policía Rural que fue expulsado tras comprobarse que filtraba información clave para facilitar las maniobras delictivas y evitar controles. La investigación, impulsada por el fiscal Penal Daniel Alejandro Escalante y con intervención del juez Diego Rodríguez Pipino, determinó que la banda operaba con logística propia: ingresaban a fincas en zonas rurales, sustraían animales, los faenaban clandestinamente y distribuían la carne en circuitos informales sin control sanitario, poniendo en riesgo la salud pública.
En paralelo, la causa tiene a dos miembros de la banda prófugos, identificados como Luis Alberto Mendoza y Kevin Alejandro Quiroga, sobre quienes pesa pedido de captura y que serían parte del mismo entramado criminal. Con siete detenidos y dos prófugos, el expediente refleja no sólo la magnitud del delito de abigeato que se volcaba sobre el Valle de Lerma, sino también la peligrosidad de una organización que operaba con recursos, conexiones y capacidad para evadir controles; situación que aún podría derivar en nuevas detenciones.
Valle de Lerma Hoy