El conflicto se conoció el pasado 27 de agosto, cuando el Concejo Deliberante rechazó la propuesta para designar al nuevo juez de Faltas. La votación terminó con cuatro votos positivos y cinco negativos, lejos de los seis necesarios para alcanzar los dos tercios que exige la Carta Orgánica Municipal. Los concejales Javier Kairuz, Adrián Landriel, López Sotos, Dalia Mamaní y Omar García fueron el sector que se opuso a la designación.
El resultado dejó sin solución la vacante generada el 12 de agosto, cuando finalizó el mandato de la anterior titular. Pero el problema de Cerrillos va mucho más allá del nombre de un abogado o de las diferencias entre el intendente y los concejales. La pregunta es cómo una ciudad de semejante importancia puede permanecer sin una autoridad titular para resolver infracciones municipales, mientras sus representantes no consiguen alcanzar un acuerdo institucional.
El Juzgado Administrativo de Faltas fue creado mediante la Ordenanza 24/97 y está contemplado en la Carta Orgánica Municipal, aprobada por la Ley 7534. Su artículo 166 establece que el juez debe ser designado por el intendente con acuerdo de las dos terceras partes del Concejo Deliberante, para cumplir un mandato de cuatro años. No se trata de un cargo decorativo ni de una oficina destinada exclusivamente a cobrar multas. El juez de Faltas interviene en actuaciones relacionadas con el tránsito, la actividad comercial, la salubridad, las clausuras, los decomisos y el cumplimiento de las ordenanzas municipales. También debe garantizar que cualquier vecino pueda presentar pruebas, formular descargos y ejercer su derecho de defensa.
Sin un titular, la resolución de esos procedimientos puede demorarse o depender de mecanismos excepcionales. Los inspectores municipales pueden continuar realizando controles, pero las actuaciones necesitan una autoridad competente que determine si corresponde aplicar una sanción o absolver al ciudadano. La comparación con otros municipios del Valle de Lerma resulta inevitable. Rosario de Lerma y El Carril cuentan con esta figura en funcionamiento, mientras otras comunas todavía deben avanzar en su implementación. Cerrillos presenta una situación particular: el organismo ya existe, tiene antecedentes de funcionamiento y dispone de reglas claras para designar a su responsable.
Por eso, lo ocurrido merece una crítica institucional severa. Los concejales tienen pleno derecho a rechazar una candidatura y deben ejercer esa facultad cuando existan razones legales, profesionales o institucionales que lo justifiquen. Pero también tienen la responsabilidad de explicar públicamente sus decisiones y contribuir a encontrar una salida cuando está comprometido el funcionamiento de un organismo municipal. El Ejecutivo, por su parte, tampoco puede desentenderse del resultado. Le corresponde promover una propuesta que pueda alcanzar el acuerdo exigido por la Carta Orgánica. En una ciudad que crece, que concentra actividad comercial, tránsito y una población cada vez más numerosa, mantener vacante la titularidad del Juzgado de Faltas es una situación que no debería naturalizarse.
La verdadera vergüenza institucional no está en que existan diferencias políticas, sino en que esas diferencias continúen sin resolverse mientras Cerrillos necesita respuestas. Porque una cosa es discutir quién debe ocupar un cargo y otra muy distinta es permitir que esa discusión se prolongue sin ofrecer una solución a los vecinos. San José de los Cerrillos necesita que sus instituciones funcionen.
Valle de Lerma Hoy
