En defensa de los derechos económicos de los ciudadanos, el Ente dispuso un plazo de tres meses para que los municipios de toda la provincia regularicen sus acuerdos de cobranza. Durante este período, las comunas deberán garantizar que los convenios cuenten con el aval legislativo local y cumplan con los principios de transparencia e información adecuada. El organismo advirtió que, de no ajustarse a estos requisitos legales, se procederá a la exclusión inmediata de dichos conceptos de la boleta de energía eléctrica.
Un punto central de la nueva normativa es la aplicación de topes a los aumentos de las tasas municipales que se perciben a través de EDESA. En sintonía con la Ley Provincial Nº 8457, el Ente Regulador podrá revisar y revocar las autorizaciones de cobro si se verifican incrementos desproporcionados que superen la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Esta medida busca evitar que actualizaciones fiscales exorbitantes impacten de manera negativa en la capacidad de pago de los usuarios y deriven en la mora del servicio esencial de electricidad.
Asimismo, se recuerda a la población que, bajo el amparo de la nueva legislación provincial, los usuarios tienen el derecho pleno de solicitar el pago por separado de los impuestos municipales y el consumo eléctrico. Este “desglose” permite que cualquier ciudadano pueda cancelar su factura de luz de forma independiente, garantizando que la falta de pago de una tasa municipal no sea motivo para la interrupción o el corte del suministro de energía en los hogares salteños.
Con esta resolución, el Ente Regulador reafirma su compromiso de fiscalizar no solo la calidad del servicio técnico, sino también la legalidad de los conceptos que integran la facturación. El objetivo primordial es asegurar que la boleta de luz sea un documento claro, veraz y que se ajuste estrictamente a parámetros de razonabilidad económica, resguardando el bienestar de todos los consumidores de la provincia.
Valle de Lerma Hoy