La fiscal penal juvenil N°2, Carolina Hernández, fue contundente en su entrevista con El Tribuno: “Estamos desbordados”, advirtió al describir el volumen de intervenciones que se multiplicaron en la última semana. Según explicó, no solo creció la cantidad de amenazas, sino que además “está bajando la edad”, con consultas que ya involucran a alumnos de cuarto y quinto grado de primaria.
En el Valle de Lerma, las escuelas y colegios no fueron la excepción. En distintos establecimientos aparecieron grafitis en baños, mensajes, notas en escritorios e incluso advertencias difundidas en grupos de WhatsApp, generando temor en comunidades educativas enteras. Hernández remarcó que estas acciones “no son bromas”, sino que configuran el delito de intimidación pública, con penas de hasta seis años de prisión. “Tenemos que pensar que puede ocurrir un hecho de violencia y que hay riesgo para la integridad física de los alumnos”, sostuvo.
El pico de la crisis se registró el viernes pasado, con cuatro detenidos y múltiples actuaciones simultáneas. Sin embargo, el problema lejos de disminuir, se intensificó en los días siguientes. La fiscalía, junto a la Policía y Criminalística, implementó protocolos de urgencia, incluyendo revisión de mochilas, peritajes caligráficos y análisis de celulares secuestrados, aunque reconocen que “no da abasto” la capacidad operativa.
“En 38 años de trabajo nunca viví una situación así”, afirmó Hernández, reflejando la gravedad del escenario. Actualmente, todos los identificados —incluso menores no punibles— enfrentan procesos judiciales o socioeducativos. Mientras tanto, el mensaje a las familias es claro: hablar con los hijos y tomar conciencia de que estas amenazas tienen consecuencias reales. En Salta, el miedo ya cruzó todos los niveles educativos y el Valle de Lerma se convirtió en otro foco de una crisis que sigue en expansión en todo el país.
Valle de Lerma Hoy