La presentación señala que la concejal habría patrocinado a una particular en un trámite de homologación judicial de un acuerdo de mediación durante abril de este año, cuando ya se encontraba ejerciendo funciones legislativas. Además, se cuestiona que mantendría activa su matrícula profesional sin haber informado la incompatibilidad derivada de su cargo.
Más allá de la resolución que adopte el Tribunal de Ética, el planteo vuelve a poner en discusión los límites entre el ejercicio de funciones públicas y las actividades profesionales privadas, un debate recurrente cuando se trata de garantizar transparencia y evitar posibles conflictos de intereses. El denunciante aseguró haber actuado a título personal y descartó motivaciones partidarias. Ahora será la instancia correspondiente la que determine si existió o no una infracción a la normativa vigente.
Valle de Lerma Hoy