Según trascendió, los señalamientos no surgieron de manera aislada: estarían respaldados por un acabado informe de la Inspección General de Personas Jurídicas de la provincia, lo que dio mayor peso a las denuncias y encendió las alarmas en la comunidad. Sin embargo, lejos de canalizar la situación por vías institucionales o promover una instancia abierta de esclarecimiento, la respuesta de la entidad llegó a través de un comunicado difundido en redes sociales.
El documento no solo rechaza de plano las versiones difundidas, sino que además adopta un tono que generó inquietud en sectores periodísticos. Allí, la institución desmiente las irregularidades y sostiene la legitimidad de sus autoridades, amparándose en resoluciones administrativas. Pero el punto más controvertido aparece en el trasfondo del mensaje: en lugar de propiciar el debate o aportar precisiones, el comunicado incluye una advertencia pública que insta a no continuar informando sobre el tema bajo la amenaza de acciones legales.
En ese marco, se interpreta esta reacción como una “felonía autoritaria”, al considerar que la institución, en vez de enfocarse en aclarar los hechos, parecería más preocupada por determinar quién difundió la información y por frenar su circulación. Además ¿quién elaboró realmente el comunicado y bajo qué criterios se definió un mensaje de carácter tan confrontativo? No solo, no despeja dudas sobre las irregularidades señaladas, sino que instala la idea de que estos temas deberían silenciarse, en lugar de ser investigados y explicados con transparencia.
Valle de Lerma Hoy