La suba impactó de lleno en tasas como servicios públicos, automotor, alumbrado y limpieza, con incrementos que superan ampliamente la inflación y que muchos contribuyentes aseguran no poder afrontar. El caso más llamativo se dio para comercios ubicados en esquinas, donde la cantidad de unidades tributarias se incrementó sin una previsión real del impacto final.
Concejales reconocieron que el aumento aplicado no era el que “ellos creían” y que recién se advirtió su magnitud cuando los vecinos fueron a pagar. Pero este error no lo están pagando ni los concejales, ni la intendencia, lo están pagando los vecinos.
Este reclamo vecinal, expuso también un enfrentamiento entre oficialismo y oposición, marcado por ausencias, sesiones frustradas y responsabilidades diluidas. Mientras unos aseguran haber advertido excesos, otros alegan falta de tiempo o de información. Lo cierto es que la ordenanza fue aprobada sin más en diciembre pasado.
Ante la presión social, el intendente interino Exequiel Carral anunció la suspensión momentánea del cobro de algunos tributos. Sin embargo, la medida no despeja el interrogante central: quién responde por un “impuestazo” que nadie paró a tiempo.
Valle de Lerma Hoy