El conflicto se remonta a la quiebra de una empresa privada en 2019. En ese proceso, Claudio De Luca adquirió en subasta judicial un 43% de la matrícula del lote en cuestión por apenas $2,5 millones. Pese a que las viviendas ya estaban habitadas desde hacía más de una década, las autoridades nunca habían procurado poner en orden los papeles del barrio, el particular inició un reclamo contra el IPV exigiendo la división del condominio y una compensación equivalente a 20 dúplex.
La negociación judicial fracasó y el caso escaló. El abogado de De Luca advirtió que su cliente “ya no quiere acuerdos y está dispuesto a avanzar hasta el desalojo”. Desde el IPV respondieron que el comprador adquirió el terreno “con pleno conocimiento de la situación catastral” y aseguraron que “de ninguna manera se permitirá la expulsión de las familias”. Sin embargo, la realidad golpea fuerte, el conflicto existe y las 70 familias viven con la incertidumbre de un litigio que podría prolongarse durante años.
La pregunta que sobrevuela es inevitable, ¿cómo se permitió construir viviendas sociales en un terreno que no estaba saneado legalmente? La falta de previsión de las autoridades de aquel entonces, tanto del IPV como del municipio, dejó abierta una grieta que hoy amenaza con convertirse en un abismo. Además el caso desnuda una problemática estructural, la urgencia habitacional empuja a los gobiernos a avanzar sin resolver cuestiones de fondo. Y la improvisación termina generando conflictos judiciales que comprometen millones de pesos de fondos públicos y, sobre todo, la tranquilidad de familias trabajadoras que solo buscaban un techo digno.
Valle de Lerma Hoy
