Según la Provincia, las bajas se realizaron mediante procedimientos arbitrarios y sin sustento normativo. Además, se denuncia la negativa de la ANDIS a entregar información detallada sobre los beneficiarios afectados. Entre las irregularidades señaladas aparecen la ausencia de notificaciones previas a los damnificados.
También se cuestiona la aplicación de criterios médicos dispares y la intervención de personal sin habilitación profesional. Las auditorías, según el escrito, carecieron de transparencia y de garantías mínimas de debido proceso. Salta acusa al Estado nacional de incumplir su deber de protección hacia los grupos más vulnerables.
El destrato institucional también quedó reflejado en la exigencia de trámites engorrosos. Muchas personas debieron trasladarse largas distancias sin lograr soluciones efectivas. La Provincia reclama el pago inmediato y retroactivo de las pensiones suspendidas. Además, exige un mecanismo de auditoría accesible, transparente y profesional.
Se solicita que el proceso respete los derechos humanos y la dignidad de los beneficiarios. El escrito advierte que la medida tiene fines meramente fiscalistas y recorta derechos básicos.Se denuncia que el Estado nacional utilizó un acto de gobierno para profundizar la exclusión. El caso se inscribe en un contexto de sospechas de corrupción en el manejo de fondos para discapacidad. La presentación busca frenar lo que se considera un atropello a la vida, la salud y la igualdad. La Corte Suprema deberá ahora decidir si abre la instancia de debate y convoca a audiencia pública.
Valle de Lerma Hoy
