Dado el alto porcentaje de morosidad en la provincia (41%), el presidente del IPV Gustavo Carrizo, rubricó un convenio con el secretario de Justicia Diego Pérez, con el propósito de incorporar una alternativa previa a la judicialización de la desadjudicación de una vivienda por falta de pago. A través de los Centros de Mediación Comunitarios se buscará evitar judicializar causas.
Carrizo dio a conocer que actualmente la morosidad llega al 41% en la provincia y que a pesar de las intimaciones y facilidades de pago que se brindan a los adjudicatarios no se logra bajar ese índice. Si a través de la mediación no se llega a un arreglo, el caso será judicializado.
La ley del IPV establece que la falta de pago de tres cuotas consecutivas o cinco alternadas son causales de revocación. Es con ese segmento de adjudicatarios que el organismo provincial pretende acordar por medio de mediadores que actuarán de manera imparcial como facilitadores y conductores de la comunicación.
Carrizo mencionó que se busca una solución que beneficie a ambas partes por lo que se brindará un recurso ágil y gratuito para la resolución de la controversia por medio de los 60 Centros de Mediación Comunitarios que dispone la Provincia.
Valle de Lerma Hoy
