
El primer episodio ocurrió el 8 de julio, cuando, según la denuncia, el acusado sujetó del cabello a su expareja y la arrojó sobre una cama durante una discusión. La hija de la mujer, de seis años, intentó intervenir para que el hombre soltara a su madre. En esas circunstancias, el acusado mordió a la niña en una mano. Posteriormente, arrojó contra el suelo el teléfono celular de la damnificada, provocándole daños, y la amenazó con tomar represalias contra uno de sus hijos si llamaba a la Policía o formulaba una denuncia.
El segundo episodio ocurrió el 12 de noviembre, alrededor de las 8, cuando la mujer regresó a su domicilio y encontró a su expareja en el comedor. Según la denuncia, el hombre comenzó a realizarle reclamos. Cuando ella le pidió que se retirara, la tomó del cuello y le propinó un golpe de puño en el rostro. La discusión continuó hasta que uno de los hijos de la damnificada, de 15 años, despertó al escuchar lo sucedido y llamó al Sistema de Emergencias 911. Cuando llegaron los efectivos policiales, el acusado ya se había retirado.
El examen médico constató dos excoriaciones en el labio superior y lesiones en ambos lados del cuello. La Fiscalía Penal de El Carril, estableció que el hombre había sido notificado previamente de medidas judiciales que le prohibían acercarse a la damnificada, ingresar a su vivienda y ejercer actos de violencia contra ella. Ante esta nueva agresión y el incumplimiento de las restricciones judiciales, el auxiliar fiscal Villagra solicitó su detención de urgencia, medida autorizada por el juez interviniente.
Durante audiencia, con el acuerdo de las partes y el reconocimiento de responsabilidad del acusado por los hechos imputados, se arribó a un acuerdo de juicio abreviado por los delitos de lesiones leves, daños y coacción, correspondientes al primer episodio, y lesiones leves agravadas por la relación de pareja preexistente y desobediencia judicial, por el segundo. El juez interviniente homologó el acuerdo y le impuso, además, reglas de conducta que incluyen la prohibición de acercarse a la damnificada, de ejercer actos de violencia contra ella y la obligación de realizar un tratamiento para agresores de género, en el marco del programa de la Procuración General.
Redacción Valle de Lerma Hoy
