La denuncia pública la hizo Azucena, hermana de la víctima, quien puso en evidencia una situación tristísima: los hijos de Natalia no están recibiendo contención económica ni asistencia inmediata, pese a la existencia de la llamada Ley Brisa, creada precisamente para estos casos. Promulgada en 2018, esta normativa establece una reparación económica mensual —equivalente a una jubilación mínima— y cobertura de salud para hijos de víctimas de femicidio. Sin embargo, en la práctica, los tiempos burocráticos y los requisitos administrativos convierten ese derecho en una promesa lejana.
“Hoy se cumple un mes del femicidio de mi hermana y la situación no está nada fácil. Son dos chicos que hoy no pueden sostenerse. Necesitan comer, necesitan vivir”, expresó Azucena con crudeza este martes. La familia, de recursos humildes, enfrenta además el peso del proceso judicial, mientras intenta garantizar lo básico para los menores.
La urgencia es concreta: alimentación diaria, contención escolar, estabilidad emocional. Pero la respuesta estatal no llega con la misma velocidad con la que se anuncian las políticas públicas. “Supuestamente la Ley Brisa debería haber llegado de inmediato, pero nos dicen que lleva tiempo. Y nosotros necesitamos ayuda ahora”, remarcó.
Y tal parece que otra vez el estado está abandonando, esta vez no a Natalia, sino a sus hijos : ¿qué tan efectiva es la Ley Brisa en contextos de emergencia real? ¿Puede un sistema burocrático responder a tiempo cuando hay niños que quedaron solos, atravesados por el trauma y la vulnerabilidad económica? Hoy, los hijos de Natalia Cruz no solo cargan con la ausencia irreversible de su madre y el proceso judicial contra su padre. También enfrentan la incertidumbre de un Estado que, una vez más, parece llegar tarde.
Valle de Lerma Hoy