El documento excluyó los últimos meses del mandato, de octubre a diciembre de 2023, justamente el período más sensible de toda gestión, el del cierre contable, las contrataciones directas y el movimiento de fondos previo al traspaso. El propio presidente del organismo, Gustavo Ferraris, reconoció públicamente que el relevamiento “fue incorrectamente planificado” y confirmó que el trabajo fue elaborado por el contador Javier “Chamano” Cancinos, persona de estrecha relación con Vega, quien incluso la tuvo como madrina de casamiento.
Ferraris admitió que esa auditoría de “transición” no debió ser realizada por un funcionario con vínculos personales con la exintendenta, pero la irregularidad recién fue advertida y corregida en agosto pasado, cuando Cancinos fue apartado. Sin embargo, el daño ya estaba hecho, el informe fue aprobado y firmado, dejando una imagen de corrección administrativa que hoy no se sostiene. El informe oficial no detecta irregularidades y omite los meses clave y presenta serias inconsistencias patrimoniales, lo que convierte el documento en un certificado de buena conducta política sin base real.
Desde el municipio, el actual intendente Enrique Borelli hizo pública la situación que recibió al asumir en diciembre de 2023; porque se encontró un municipio endeudado, sin maquinaria operativa, con obras mal ejecutadas, expedientes desordenados y más de 80 loteos irregulares autorizados durante la gestión Vega. A ello se suman las denuncias de la contadora de Rentas, Gabriela Juárez, quien detectó más de 100 habilitaciones comerciales falsas y cobros paralelos fuera de control fiscal.
Finalmente Ferraris deslizó una frase que se escuchó fuerte: “No comparto los alcances del trabajo”. Pero el informe fue convalidado y una vieja práctica de la política salteña quedó descubierta: la auditoría entre amigos, el control complaciente y la impunidad que se perpetúa bajo la formalidad institucional.
Valle de Lerma Hoy
